El "aleteo", ¿un realidad?

Por: María Barros, Diana Márquez

                               Imagen tomada del periódico El Tiempo

El actual gobierno de Iván Duque no tiene acogida. Sus nuevas políticas y resoluciones parecen no pegar ni con chicle, por lo que las circunstancias predicen que el país más alegre del mundo, nuevamente, se vestirá de polémica y descontento. Inicialmente, el establecimiento de una norma que no tiene claridad alguna y que tiene confundidos a los colombianos; seguido de una falta grave para la sociedad, en especial, aquella que defiende a los animales y la naturaleza: la violación a la protección de animales en peligro de extinción y, por último, el rechazo de una sociedad que ha despertado, que ya no cree en palabras y ahora exige coherencia en sus acciones.

Esta situación engorrosa que se menciona y que tiene en vilo a todos los colombianos, se produjo a partir del pasado 25 de octubre, cuando el Ministerio de Agricultura publicó la resolución 350 de 2019, en la que se establecen unas cuotas de pesca de algunas especies marinas en Colombia, entre las que se encuentran: jaibas, langostas y tiburones. A lo anterior se le debe sumar la cifra que autorizaba dicha resolución, pues permitía la pesca artesanal de 125 toneladas de tiburón en el Mar Caribe en el 2020. Además, daba aval para que también se pescaran otras 350 toneladas de tiburón en el mar Pacífico.

Todo lo anterior ha suscitado escándalos, discusiones y un sinfín de publicaciones que han generado mucha controversia en el país, por lo que muchas personas se han empezado a manifestar en forma de protesta por las redes sociales con numerales como: #NOALALETEO; páginas y correos electrónicos que se han dedicado a la recolección de firmas para que esta resolución no se lleve a cabo y, por último, habría que añadir que los medios de comunicación no han ayudado en gran medida, pues los titulares publicados: “Colombia autoriza caza de tiburón y comercialización de su aleta”, “Gobierno autoriza caza de tiburones”, en vez de aclarar la situación, han provocado que se enciendan más las alarmas.

Según lo expuesto por el periódico El Espectador, Andrés Valencia, Ministro de agricultura, en sus declaraciones dadas a RCN Radio y ante las confusiones presentadas por la situación, pidió calma a la sociedad y aseguró que dicha resolución no era nueva, y que, en los cuatro años anteriores se han publicado documentos similares en los que se establecen cuotas de pesca de tiburón, luego de realizar una reunión de un comité técnico científico con el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar).

Probablemente la confusión haya surgido por creer que el decreto permite la caza, venta y consumo de estos animales sin piedad, pero Andrés Valencia y el Ministro de ambiente Ricardo Lozano, aseguraron que no es así. Por su parte, Sandra Bessudo, bióloga marina y directora de la Fundación Malpelo, aclaró ante Semana Educación que: “Ya se va a modificar para evitar confusiones y malinterpretaciones, y, que este decreto incluía una cuota para la comercialización de las aletas provenientes de la pesca incidental”, es decir, aquella que se refiere a la captura no intencionada de peces y especies marinas que, a propósito, ha acabado con la vida de muchas especies de este tipo. A su vez, afirmó que: “Si bien lo que pretendía el Gobierno actual era regular esta práctica para luchar contra la venta de las aletas en el mercado negro, lo que hace es incentivar a aumentar la pesca incidental de tiburones para la comercialización de las aletas".

En adición a lo anterior, las confusiones también tienen lugar, dada la brecha que existe entre gobierno y ciudadanos, pues estos últimos han perdido la confianza en Iván Duque, debido a las inconsistencias y contradicciones que involucran al actual mandatario, pues en su candidatura manifestó estar a favor de la preservación y protección de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental y, con la resolución en mención, no se está cumpliendo ni lo uno ni lo otro. Por ello, junto a su gabinete de ministros, procurar el cumplimiento de lo que se prometió, someter a revisión estas políticas confusas y tomar las mejores decisiones para la nación, se convierten en una obligación, de lo contrario, los años que le resten en la presidencia, se volverán una verdadera pesadilla.